Ley Nicolás: un proyecto que instala la mala praxis y la seguridad del paciente en el centro de la escena

Para ambos ejecutivos, el proyecto de ley ingresado el 29 de julio pasado a la Comisión de Salud del Congreso contiene una serie de propuestas, entre las que se destacan:

• Crear una nueva cultura de la seguridad;
• Jerarquizar la problemática para abordarla desde un punto de vista sistémico y no desde una faz punitiva;
• Buscar impedir el daño evitable, intentando reducir al máximo las consecuencias del daño no evitable;
• Generar condiciones que estimulen la confianza entre los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familias; y
• Priorizar la transparencia y, de ser posible, hacer que el paciente y su familia participen en iniciativas tendientes a disminuir la aparición de eventos adversos.

EL DEVENIR DE LA PROPUESTA

No fue un camino fácil el recorrido. Eso lo sabe muy bien el ejecutivo de Noble Seguros, quien cuenta que la propuesta llegó con varios cambios a ser tratados por el Poder Legislativo, a partir del asesoramiento brindado al diputado de varios colegios médicos, sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina.

“Era una ley que tenía un espíritu muy punitivo en sus orígenes y eso le señalaron los expertos a Quetglas, ya que buscaba modificar el Código Penal con el fin de que un juez que determinara que, en caso que hubiera un médico, incurriera en un acto casi temerario. Lo que en autos equivaldría a un dolo eventual, como alguien que opera borracho o una anestesia simultánea, pudiera suspenderle provisoriamente la matrícula”, explica Vítolo.

Para el especialista, ese era un punto muy ríspido, ya que ponía a discrecionalidad de un juez la determinación de qué era temeridad y qué no, lo que es muy difícil de determinar.

Y es que él conoce muy bien la realidad de los médicos que, muchas veces, trabajan en condiciones muy complejas, lo que hace difícil determinar si cumplir o no un proceso es realmente temeridad o no. Lo cierto es que, finalmente, ese punto fue sacado de la ley y el proyecto que se presentó eliminó el concepto punitivo.

Lo cierto es que las familias de las víctimas lo que quieren, por sobre todas las cosas, es que lo que les pasó a sus seres queridos no suceda nunca más, haya justicia y se castigue a los culpables. “Cuando se habla con las víctimas, están muy movidas por la necesidad de castigo a los culpables. Eso tiñe todo lo demás, pero en realidad, se trata de dos pedidos distintos que hay que separar: mejorar el sistema de salud, por un lado, y por el otro, el de la justicia”, destaca Vítolo.

Eso se combina con el hecho de que los médicos reaccionan de forma corporativa. Y también es entendible porque un médico que está trabajando en una situación precaria, que gana mal, que trabaja sin insumos y encima se ve ante la posibilidad de perder la matrícula, lógicamente tiene temor.

De allí surge la frase del diputado Quetglas, quien asegura que “es muy difícil legislar entre el dolor de las víctimas y el miedo de los profesionales”.

En Noble Seguros, han trabajado en más de 3.000 casos y han visto mucho dolor en profesionales y víctimas. “Vemos crecer la industria del juicio, pero también hay muchos casos en los que te preguntás cómo puede haber pasado esto. Un 50% son aventuras judiciales, pero la otra mitad no lo son”, revela Vítolo, quien advierte que “cuando el médico se equivoca, termina destrozado también, es la segunda víctima”.

En esa línea, desde Swiss Medical Group, Diez y Canto mencionan que la propuesta de ley consigna que, si bien la peor consecuencia de los eventos adversos se la lleva la primera víctima, o sea el paciente, no puede dejar de gestionarse a las segundas víctimas, que son justamente los profesionales de la salud en el marco de la seguridad del paciente.

Es por eso que la iniciativa impulsa en igual sentido el desarrollo e implementación de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de ocurrencia de daños evitables en las prácticas de salud.

En definitiva, prevé mejoras en las condiciones de trabajo para ellos. Por ejemplo, habla de asegurar una dotación de personal suficiente y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, e incluso exige una evaluación por parte de la autoridad de aplicación de las condiciones de las instituciones médicas.

TENDENCIAS MUNDIALES Y AVANCES REGULATORIOS

“Según datos de la OCDE, la atención médica insegura es la decimocuarta causa de muerte e incapacidad en el mundo. Entonces, lo que hay que mejorar, antes que nada, es el sistema. Hay casos de amputaciones del miembro equivocado o errores de medicación mortales que muchas veces les pasa a buenos profesionales simplemente porque no tienen los procesos adecuados”, indica Vítolo.

De hecho, la Ley Nicolás incorpora muchos elementos en este sentido, porque incluye términos como “cultura de seguridad”, “cultura justa” y obliga a la evaluación cognitiva del profesional. Son elementos que, hasta ahora, no existen en la regulación.

“La OMS declaró el período 2020-2030 como la década de seguridad del paciente y compromete a todos los países miembro a hacer algo en ese sentido. De hecho, la propuesta de ley propone obligar a las instituciones médicas a celebrar cada año, a mediados de septiembre, la semana de seguridad del paciente, que es un tema muy importante sobre el que las sociedades debemos tomar conciencia”, apunta el experto.

Adicionalmente a ello, completan Diez y Canto, “se plantea, como otro elemento importante, la incorporación en los programas de estudio de grado y posgrado de contenidos asociados a la seguridad del paciente”.

Para Vítolo, más allá de esas propuestas, se debe pensar en soluciones para otro problema y es la falta de autorregulación y un exceso de autonomía en la profesión médica. De hecho, menciona que tuvo que salir una ley de historia clínica que dijera qué poner en ella para que se estandarizara. “Uno podría preguntarse si era necesario. Y evidentemente sí lo era, porque si no, no se cumplía y las historias clínicas estaban incompletas o mal hechas. Cada médico la hacía a su gusto”, ejemplifica. Y enfatiza la importancia de pensar que un médico es una persona que interactúa con otras personas y con un sistema muy complejo. Así queda claro que “la seguridad del paciente es evitar la mayor cantidad de errores posible con controles eficientes y procesos adecuados”.

La Ley Nicolás también trae novedades en este sentido, ya que establece la obligatoriedad de implementar la historia clínica informatizada para todas las instituciones de salud y el plazo máximo para cumplimentar ese requisito fue fijado en 4 años.

Este es uno de los puntos que para Diez y Canto debería reverse, ya que anticipan que “las posibilidades de cumplir con ello varían de acuerdo con la ubicación de cada institución dentro del país”. Al respecto, sostienen que, tal vez, deberían fijarse plazos diferentes porque no es lo mismo una institución en el AMBA que en el interior del interior.

Otro elemento que aborda la iniciativa parlamentaria es la obligación de que, ante una matriculación en otro distrito, sea obligatorio chequear previamente con un registro de profesionales que el médico no esté inhabilitado en otra jurisdicción. Porque se da muchas veces que algún profesional que está impedido para atender en un distrito aparezca trabajando en otro.