El eje del proyecto es que establece de carácter “obligatorio y excluyente” el paso del trabajador afectado por las comisiones médicas jurisdiccionales (encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones) del sistema de riesgo de trabajo. Según la iniciativa, si el trabajador no está conforme con la resolución, debe apelar a la comisión médica central y si considera injusta la decisión final, recién ahí, puede iniciar el litigio.
En este marco, los Productores Asesores de Seguros comprenden la necesidad de la reforma de la ley de riesgos del trabajo, a lo cual agregan la petición de la modificación del Art.16, para que se deje sin efecto la limitación del 5% para gastos de comercialización y se opte por el libre pacto entre privados para fijar los porcentajes destinados a tal concepto.